Recientemente, a partir de los hechos ocurridos en Paraguay el pasado jueves 21 de junio, donde las fuerzas políticas contrarias al presidente Fernando Lugo utilizaron su amplia mayoría en ambas cámaras del parlamento paraguayo (el mismo que le ha negado la entrada a Venezuela al MERCOSUR, anteponiendo sus intereses políticos por sobre los de la integración latinoamericana y de los pueblos) para realizarle un juicio político, declararlo culpable, y destituirlo de su cargo legítimo en menos de 24 horas; he observado como algunos voceros de la oposición venezolana, medios de comunicación nacional e internacional y alguno que otro repetidor inconsciente y sin argumento tratan de convencer sobre la ausencia del Golpe de Estado ejecutado en Paraguay y la legalidad del hecho por ser “constitucional”, expresado por los golpistas paraguayos.
Ante esta necesidad de algunos de pretender “legitimar” lo acontecido en Paraguay, considero necesario, definir que es un “golpe de estado” o y cómo se ha querido “legalizar” tal acción ante los ojos del mundo.
En un Estado democrático, en este caso Paraguay, la legitimidad institucional de la norma de sucesión del poder ejecutivo, que es a través del sufragio del pueblo paraguayo, fue violentada por una acción de un grupo de poder, en este caso, el poder legislativo.
La facción golpista paraguaya, desencadenó la acción antidemocrática, a partir de un confuso hecho de sangre aun sin investigar ocurrido el 15 de junio, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías, y través del artículo 225 de la Constitución de Paraguay referente al Juicio Político a Altos Funcionarios gubernamentales, activaron un proceso al Presidente Lugo donde fue acusado de “mal desempeño de sus funciones”.
A partir de esto, la derecha intenta argumentar que la destitución de Fernando Lugo como Presidente legítimo del Paraguay desde agosto del 2008, fue apegado a la constitución. Que las cámaras aprobaron bajo la norma dicho juicio y el Senado en sus funciones emitió su veredicto. Ahora bien, si el poder político y la soberanía de un pueblo fueran cosas banales, repetiría como loro que el juicio político estuvo apegado a las leyes, pero no, la soberanía es eje fundamental de la democracia, y esta reside en el pueblo, el bien llamado soberano, y en sucesos de importancia política, lo primero a lo que hay que acudir es a la razón y el bien común, por encima de consideraciones del propio estado de derecho.
Lo cierto es que no se necesita un par de semestres de derecho internacional público para preguntarse como la soberanía de un pueblo es dejada de lado por 76 diputados para romper el hilo constitucional e imponer un presidente de facto. Con poco sentido común, cualquiera se pregunta cual fue el motivo para dicho juicio político; la parte acusadora señala “mal desempeño de sus funciones” como consecuencia de la muerte de 17 personas mencionadas anteriormente, señalamiento algo etéreo para determinar la responsabilidad sobre la muerte de ciudadanos paraguayos.
En Paraguay 80% de las tierras fértiles está en poder de 2% de la población[3], acentuando los niveles de inequidad y distribución de la riqueza. Los campesinos, beneficiados de las políticas sociales de Lugo, han ocupado tierras pertenecientes a grandes terratenientes, en busca del sustento a través del trabajo de la tierra, pero son reprimidos violentamente por las fuerzas policiales, ocasionando el reciente suceso con saldo de muertes descrito anteriormente. Ante este hecho, Lugo destituyó al ministro del Interior y a los jefes policiales y militares involucrados en el hecho de violencia, acción oportuna y decida que fue bien recibida por la opinión pública.
Aun sin haber una investigación seria de los hechos ocurridos, la Cámara de Diputados invocó el juicio político responsabilizando al Presidente Lugo de la muerte de sus compatriotas, mismo señalamiento fue esgrimido durante el juicio en el Senado, aun sin presentar la más mínima prueba. Tampoco se tomaron en cuenta los alegatos de la defensa y mucho menos se tomó en cuenta la petición de tiempo para el juicio. El debido proceso y los derechos procesales reseñados también en la constitución paraguaya en el artículo 17 fueron violentados flagrantemente al menos en los numerales 1, 8, 9 y 10 referentes a presunción de inocencia, impugnación de pruebas, y acceso a normas procesales.
Aunado a esto, la Cámara de Diputados introdujo una modificación del reglamento vigente de juicio político, que fue presentada, considerada y votada en una tarde, permitiendo un proceso al Presidente Lugo en condiciones especiales a las inicialmente convenidas por la norma, en un claro entendimiento que el proceso estaba “montado” para juzgar al mandatario.
Al realizarse este proceso, con el visible manejo irregular de la norma, se viola además el artículo 2 de la constitución, referente a la soberanía residente en el pueblo. El Presidente Lugo obtiene su legitimidad por haber sido elegido en elecciones reconocidas por todos, es el pueblo quien debe decidir si sigue o no como cabeza del poder ejecutivo de su país, no la cúpula parlamentaria, quienes con la ayuda de la iglesia, la clase burguesa y los medios de comunicación han mancillado una vez más la joven democracia paraguaya.
Estos argumentos, claramente vistos por los ojos de la comunidad internacional y regional, dan clara cuenta del golpe de Estado perpetrado en Paraguay y obligan al aislamiento del gobierno de facto por parte de los Estados democráticos y los mecanismo regionales de integración.
No me queda más que decir, que mientras las repetidoras del golpe de estado “legalizado” vociferan explicaciones sin sustento, hay millones de latinoamericanos que levantamos nuestra voz solidaria con el pueblo paraguayo.
[1] Diccionario Ideológico de la lengua española, Julio Casares de la Real Academia Española, Editorial Gustavo Gili S.A.- Barcelona, 1985
[2] http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
[3] En declaraciones a AP el analista internacional Ricardo Rodríguez.
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